Redacción PH

La organización Reinserta lanzó una condena enérgica contra el gobernador Miguel Barbosa y las autoridades penitenciarias por su incapacidad de combatir el “autogobierno” que se vive en el penal de San Miguel.

Advirtió la organización en un comunicado, tras confirmarse que en uno de los botes de basura del penal se encontró el cadáver de un bebé de solo tres meses, quien presuntamente habría sido asesinado al interior del penal cuando fue ingresado durante una visita familiar.

Sobre el pequeño, hasta ahora las notas periodísticas apuntan a que el infante habría sido descubierto en el basurero del penal el pasado 10 de enero.

Versiones iniciales apuntaba a que estaba cubierto con cal y por los indicios se cree que el menor falleció el miércoles 5 de enero.

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El menor también presentaba una sutura a la altura del abdomen, por lo que suponen que previamente fue intervenido quirurgícamente.

Días después, fuentes cercanas a la investigación apuntaron que la causa de su muerte fue por asfixia mécanica por sofocación, por lo que ahora las investigaciones se enfocan en saber si ocurrió dentro del cereso.

No obstante la asociación civil cree que el menor habría sido utilizado para ingresar droga, considerando que la incisión fue en el abdomen.

“Las autoridades han empezado a dar parte y decir teorías absurdas de que el bebé ingresó muerto al penal ¿Cómo puede ser que las autoridades no se hayan dado cuenta que ingreso el menor, muerto o vivo, y no salió?”, acusó Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, en una entrevista para Milenio.

Sin embargo la muerte del infante no es el único hecho que muestra cómo las autoridades han sido rebasadas y a la vez son cómplices de los actos de corrupción que se viven al interior de la cárcel.

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Muestra de ello es que el pasado 6 de diciembre, un interno fue brutalmente asesinado y el 28 del mismo mes, se registró una riña entre los internos, además que se registra cobro de lista, ingreso de mujeres sexo servidoras, manufactura de drogas y peleas de perros.

En el caso de perros precisan que la prueba es “como después de las pelas los sacan en bolsas de basura fuera del penal”.

Es por ello que exigieron que se implementen protocolos de ingreso y el acceso a espacios seguros para que los niños y niñas que están directa o indirectamente en contacto con las cárceles, puedan convivir con sus familiares de forma segura.

“Estos menores de edad están expuestos constantemente a la violencia derivada por el descuido de la autoridad al interior de los Centros Penitenciarios. Esta normalización de la violencia repercute y pone en peligro sus vidas”.

Hasta ahora nadie ha reclamado los restos del menor, pero su muerte ya la investiga la Fiscalía General del Estado (FGE).