Redacción

Un tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años impuesta en 2018 a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Sin embargo, también revocó el decomiso de más de 40 propiedades ligadas al exgobernador pues consideró que son bienes de otros procesados que aún no son condenados.

Esta nueva resolución se en respuesta a la sentencia condenatoria dictada el 26 de septiembre de 2018, la cual fue impugnada por la defensa del exgobernador priista.

De acuerdo con Animal Político, la magistrada Isabel Porras Odrizola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, concluyó que las pruebas que presentó la PGR para acusar a Duarte fueron adecuadas para demostrar su participación en un entramado criminal para desviar recursos públicos.

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Cabe recordar que a Javier Duarte se le dictó la pena mínima y se le retiró el delito de delincuencia organizada, tras declararse culpable y renunciar a su derecho de ir a juicio, con lo que inició un “procedimiento abreviado”.

Fue durante ese periodo que la defensa del exgobernador dio cuenta que las pruebas bancarias en las que se sostenía la acusación de lavado de dinero se obtuvieron sin aval de un juez, lo que incluso causó que otros procesados del caso terminen absueltos.

Finalmente, la jueza dio la razón a la defensa del exgobernador argumentando que frenar el decomiso fue debido a que los inmuebles son propiedad de otras personas que aún no han sido condenadas.

“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado. Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”.