21 febrero, 2022
Redacción PH
Redacción PH
En su informe de 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades respecto al manejo de la pandemia de la COVID-19, las cuales están en los contratos, la entrega de ventiladores, la compra de vacunas, la falta de información o seguridad de los sistemas que contabilizan y verifican la aplicación de las vacunas.
Las irregularidades tocan a todos los sistemas de Salud, IMSS, Insabi, Issste, Secretaría de Salud y hasta a Semar y la Sedena.
En el caso de los ventiladores se observaron devoluciones, retrasos en entregas, pagos dobles o pagos de ventiladores que nunca se entregaron.
Así ocurrió en el caso del Issste que recibió 15 ventiladores con fallas, los devolvió pero no pidió al proveedor una reposición.
Además de no sancionar a proveedores, la delegación del Estado de México pagó el doble por 10 de 47 ventiladores.
La Sedena pagó 15.1 millones de pesos por ocho ventiladores, no obstante cuando se los entregaron eran de diferentes especificaciones y precios a las establecidas en el contrato inicial y tras su entrega pasaron hasta 10 meses para que los utilizaran.
La Semar por el contrario firmó contratos con empresas que no tenían ni el objeto social ni la capacidad técnica-económica para realizar la chamba.
El Insabi pagó 40.5 millones de pesos por la compra de un millón 50 mil mascarillas KN95, aunque la entrega de estos insumos no pudo ser comprobada.
El IMSS firmó 10 contratos para que se diera mantenimiento a equipos como ventiladores, monitores de signo vitales, carros rojos, etc, sin embargo 194 equipos no recibieron mantenimiento y el IMSS tampoco sancionó a las empresas por incumplir.
Las irregularidades alcanzan a las vacunas contra la COVID-19, al respecto la ASF advirtió que la Secretaría de Salud no tiene información veraz sobre las vacunas compradas, distribuidas o aplicadas.
De acuerdo con el órgano auditor esta deficiencia se debe a que la SSa no cuenta con sistemas informáticos seguros o eficientes, a la par que tiene dos sistemas para administrar los datos sobre el número de vacunas y personas inoculadas.
Sin embargo, ninguno de los dos sistemas se utilizó para controlar a entrada y salida de las vacunas contra Covid-19 a los estados, lo que se tradujo en el no registro de la distribución del 49.6 por ciento de las vacunas que sí fueron ingresadas al sistema.
En consecuencia “no se cuenta con la información completa y veraz del total de vacunas compradas y distribuidas”.
También se encontró una serie de irregularidades en el sistema para dar el certificado de vacunación.
El sistema “CVCovid” utilizó la CURP como identificador único de las personas que han recibido una vacuna; sin embargo, se identificaron 15.8 por ciento de CURP no válidas, y el 13.3 por ciento de personas en el sistema carecen de nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad y sexo, “por lo que se interpreta como dosis aplicadas sin que se pueda identificar a la persona receptora”.
En ambos sistemas se encontraron vulnerabilidades de seguridad informática, pues “no se ha realizado ningún análisis de riesgos durante 2020 ni se cuenta con políticas y procedimientos formalizados y documentados para la administración de contraseñas, validación periódica de usuarios ni de gestión de incidentes de seguridad”.
Para los auditores, estas fallas llevan a concluir que “no es posible asegurar que la información concentrada (…) sea confiable e íntegra que permita identificar a las personas candidatas vacunables que hubieran hecho su pre-registro o, en su caso, que hayan sido vacunadas contra el SARS-CoV-2 (COVID-19)”.
Con información de Aristegui/Sopitas
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