Alcaldesa de Izúcar es acusada de ordenar ataques contra periodistas y activistas

Redacción PH

Artículo 19, la organización defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, señaló a Irene Olea Torres, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, por haber ordenado la detención arbitraria de dos periodistas que dieron cobertura a las actividades que se realizaron en el municipio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Las víctimas son Michelle Hoyos López, reportera gráfica, Natalie Hoyos López, periodista, ambas trabajadoras del medio Enlace noticias.

De acuerdo con Artículo 19, la agresión ocurrió al término de las actividades, cuando llevaron a una integrante del colectivo feminista “Marea Púrpura” a su domicilio.

Al acercarse al inmueble se percataron que una patrulla de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros las seguía con las luces de la sirena apagadas, cuando estuvieron en el inmueble llegaron cinco elementos más y después arribaron cuatro vehículos de la policía, dos patrullas y dos motos.

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En total fueron 18 policías municipales los que las detuvieron de forma arbitraria “y todo por órdenes de “la jefa” Irene Olea Torres, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros”, informó Artículo 19.

Las reportaras fueron trasladadas a la Subcomandancia de Seguridad Sur, en donde, de acuerdo con la organización, fueron humilladas, insultadas, golpeadas y violentadas sexualmente por parte de una mujer policía.

Mientras estuvieron retenidas se les exigió que nombraran quiénes habían participado en las manifestaciones del 8 de marzo; además fueron incomunicadas durante cuatro horas.

Ambas fueron liberadas el 11 de marzo tras pagar mil 900 pesos, cada una, “por supuestamente ‘ensuciar’ las calles”.

Las reporteras no fueron las únicas agredidas tras la marcha, de acuerdo con Artículo 19,  ese 8 de marzo la policía municipal también arrestó a tres activistas y a un hombre, que también fueron víctimas de tratos degradantes y crueles.

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Por este caso Artículo 19 llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investigar lo sucedido, además de proteger a las periodistas, “garantizando su derecho a la justicia y reparación”.

También han solicitado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos  del Estado de Puebla (CDH) presentar una queja por las agresiones hacia las reporteras para garantizar que estos eventos no se repitan, mientras que han solicitado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “aplique las medidas necesarias para proteger a las periodistas agredidas por la Policía Municipal”.