24 octubre, 2025
Redacción PH

Javier Mauleón Montero, director de la Unidad 211 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Puebla, presentó una demanda de amparo contra cuatro medios de comunicación poblanos argumentando que notas publicadas sobre él dañaron su honor y lo sometieron al escarnio público.
Los medios señalados son La Jornada de Oriente, Mundo Nuestro, e-Consulta y Ángulo 7 y sus respectivos reporteros que replicaron la denuncia pública que la maestra Gabriela Molina Herrera hizo acusando hostigamiento y represión, y señalando a Mauleón Montero y otros directivos, por la obtención irregular de plazas docentes con altos sueldos y prestaciones sin cumplir con los perfiles académicos.
Resultado de la denuncia pública de Molina Herrera, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició una investigación que condujo al retiro de 26 plazas, incluida la de Mauleón Montero.
No obstante, el director de la UPN alega ser víctima de “lawfare” (guerra legal) por parte de la Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEP) y los medios.
Mauleón Montero, amparándose en un argumento similar al de la ley de ciberasedio de Puebla, acusó a los medios de haber recibido órdenes de la Dirección de Formación Docente de la Secretaría de Educación, dependencia que señala como responsable del ataque, para publicar la información, aunque no aportó pruebas.
Y, de acuerdo al Incidente de suspensión 1502/2025-II, solicitó al juez que se ordenara a los responsables bajar las notas de prensa y cesar los “ataques mediáticos”, pero esta medida le fue negada.
En tanto, la maestra Molina Herrera ha sido respaldada públicamente por diversas organizaciones sindicales y ha continuado su denuncia de acoso y hostigamiento tras ser parte de la lucha contra la asignación irregular de plazas en la UPN, a pesar que resultado de su denuncia pública se logró un acuerdo secretarial para crear la Comisión Académica Dictaminadora con la promesa de reasignar las plazas a través de un examen de oposición.
Sin embargo, hasta ahora solo ha obtenido represión laboral, retención del pago de sus quincenas y la posible reubicación a una escuela primaria cuando ella da clases a nivel licenciatura desde 2013.
Con información de Proceso
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