17 septiembre, 2025

Redacción PH

La asociación de periodistas de El Salvador cierra oficinas y suspende proyectos por nueva Ley de Agentes Extranjeros

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha anunciado el cierre de sus oficinas y la suspensión de proyectos financiados por cooperación internacional.

La decisión, anunciada el 16 de septiembre, se debe a lo que la APES califica de condiciones “asfixiantes, arbitrarias e ilegales” impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Con esta acción, la APES se convierte en la cuarta organización no gubernamental en cesar operaciones en el país, siguiendo los pasos de Cristosal, Fespad y Fudecso, que también han denunciado un creciente acoso gubernamental.

A pesar del cierre de sus proyectos, la APES ha comunicado que continuará prestando servicios esenciales para los periodistas salvadoreños, como el registro de agresiones y la defensa de la libertad de prensa.

En un comunicado, la asociación dejó claro que su negativa a someterse a la Ley de Agentes Extranjeros no significa que dejarán de operar, sino que se niegan a cumplir con leyes que consideran “espurias”.

Además, Sergio Arauz, presidente de la APES, enfatizó que seguirán defendiendo el derecho de asociación a pesar del “cierre deliberado del espacio cívico”.

La Ley de Agentes Extranjeros, defendida por el presidente Bukele como una medida para combatir la corrupción y la influencia externa, impone un impuesto del 30% a las ONG sobre los fondos internacionales que reciban.

Además, exige la creación de un registro obligatorio para todas las organizaciones que operen con financiamiento extranjero, otorgando al gobierno amplias facultades para solicitar información sobre sus actividades y finanzas. La APES considera que el registro está diseñado para ser utilizado de manera arbitraria, permitiendo al Estado ejercer un control indebido sobre las organizaciones civiles.

La ley ha sido objeto de fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos la han calificado como una herramienta antidemocrática diseñada para censurar, silenciar y criminalizar el trabajo de la sociedad civil.

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