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26 enero, 2022

Redacción PH

De Moreno Valle a Miguel Barbosa hay 24 denuncias contra exfuncionarios: SFP

Redacción PH

Durante 2021 la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 24 denuncias penales en contra de diversos exfuncionarios que laboraron en las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas, Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido y hasta el actual gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

Confirmó Amanda Gómez Nava, titular de la SFP, en su comparecencia ante la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, como parte de la glosa del informe del gobernador Barbosa Huerta.

Sin revelar nombres dijo que las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, y corresponden a exfuncionarios de nueve dependencias, entre ellas la Secretaría de Salud, Educación, Cultura e incluso de Función Pública.

Los procedimientos penales abarcan desde el año 2016, penúltimo año de gobierno de Moreno Valle hasta el 2020, primer año de gobierno de Miguel Barbosa.

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Sin embargo esas no son las únicas investigaciones que la SFP ha iniciado, también ha integrado diversos expedientes de responsabilidad administrativa, por faltas graves como desvío de recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado.

De los 316 procedimientos iniciados por el Tribunal de Justicia Administrativa en 2021, 249 se concluyeron como faltas no graves y en 67 se imputaron faltas administrativas graves; mientras que 59 de los casos fueron resueltos.

De los 67 casos por faltas graves, en 24 se impusieron destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones; así como 21 suspensiones, una amonestación pública y 21 funcionarios fueron absueltos.

Además se supervisaron 530 procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, la adjudicación y contratación en 12 dependencias y 16 entidades y durante el proceso electoral, 264 servidores públicos de esta dependencia verificaron el resguardo de 3 mil 163 vehículos y 307 inmuebles para garantizar el adecuado uso de recursos y su no utilización con fines político-electorales.

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