Domingo, junio 15, 2025
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25 mayo, 2020
Redacción PH
Redacción
Ricardo Monreal Ávila, presidente del Senado de la República, previó que la Ley de Educación aprobada por el Congreso de Puebla y propuesta por el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, “seguramente” será corregida por la SCJN por ser un posible exceso y ejemplo de una mala armonización.
Sentenció durante una conferencia de prensa virtual al ser cuestionado sobre la Ley de Educación recientemente aprobada y que durante este fin de semana fue retomada a nivel nacional.
En ese tenor el morenista opinó que el proyecto que respaldó el Congreso del Estado de mayoría lopezobradorista “no refleja el espíritu de la Ley General de Educación” que fue aprobado en el Congreso y por el contrario revela un “posible exceso” y una “indebida” legislación por parte de los diputados al aprobarla en fast track y sin el diálogo con escuelas y universidades.
Incluso dijo que tampoco había necesidad de que “en este momento” se aprobara, y confió en que el gobernador de Puebla corrija, pues queda en claro que la ley aprobada es ambigua, tiene vacíos e incluso se contrapone a la Constitución y a la ley general.
La legislación aprobada en Puebla respecto a los bienes, no refleja el espíritu de la Ley General que aprobamos hace unos meses. El objetivo de la ley nacional ha sido respetar el papel de instituciones sobre sus bienes. Ninguna ley local, lo afirmo, puede contradecir la Constitución, por eso el objetivo de la Ley General de Educación fue respetar a las instituciones privadas.
De igual forma, consideró que en caso de que el gobierno del estado no recule, podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la instancia que intervenga y la revise.
Monreal detalló que el verdadero objetivo es respetar el papel de las instituciones privadas en la consecución de los fines educativos que establece la constitución, por lo que ninguna ley local y ninguna constitución local puede contradecir a las leyes federales.
El verdadero objetivo de la Ley nacional si fue respetar estas instituciones privadas. Sí, fortalecer el papel del estado para vigilar y mantener el orden en esas instituciones con planes, programas y orientación del estado (…) en materia de principios educativos. Pero no se intentó y ni se intenta, ni estamos de acuerdo, en que se violenten derechos de instituciones privadas, o que sea correcto en este momento establecer estos parámetros o estas modificaciones legales que pueden llevarnos a seguir confrontando sectores de la población.
El senador insistió en que la educación pública y privada se complementan, no obstante a veces el estado no tiene la capacidad para ofrecer educación pública, amplia y de calidad para muchos sectores, por lo que resulta necesaria la eduación privada.
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