Beto Fong
Según informó la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en México el agua se vende y se compra sin que el Estado proteja este recurso natural.
Este tipo de comercio ilegal se da gracias a que el sistema de concesiones tiene fallas y los gobiernos no aplican correctamente la ley.
Desde 1992, año en que se creó un reglamento para entregar concesiones de agua, se denunció que dicho sistema tenía fallas; pese a esto, no hay quien tome cartas en el asunto.
El sistema de concesiones de agua se creó en 1992, como parte de la Ley de Aguas Nacionales, y desde su origen comenzó a hacer agua. Entre las fallas que pronto fueron evidentes, por ejemplo, estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines. Pasaron los años y los problemas en el sistema nunca se atendieron. Y se agudizaron conforme se entregaron más y más títulos para aprovechamiento.
Entre los casos de irregularidades está que las mineras dejan secas a comunidades y que los empresarios emplean volúmenes de agua que serían suficientes para atender las necesidades de una entidad entera.
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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detalló durante su investigación que algunos políticos riegan sus ranchos sin problemas gracias a esas ineficiencias; en tanto, sus vecinos padecen la sequía y los campesinos son obligados a vender sus concesiones de agua a grandes compañías agrícolas.
Las historias que se presentan en esta investigación muestran cómo el agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas.
El organismo informó que desde 2003 se ya se había denunciado denunció que había individuos que tenían una concesión de agua de uso agrícola y que la utilizaban para otros fines:
Desde 2003 se alertó de esta situación. En un estudio —publicado entonces por la FAO, y cuyos autores son Marco Cantú y Héctor Garduño, quien fue subdirector general de administración del agua en la década de los noventa— se señaló que se habían identificado a usuarios que tenían títulos de concesión para uso agrícola, pero que utilizaban el agua para fines distintos, ‘incurriendo en delitos fiscales y en desviaciones del subsidio, ya que no solamente gozan indebidamente de la exención del pago de derecho (del agua), sino del subsidio que se otorga a los usuarios agrícolas en la tarifa eléctrica.
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