El pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto autorizó, entre los 10 decretos firmados para proteger el medio ambiente, la modificación de la veda que prohibía explotar 300 de las 756 cuentas hidrológicas del país.
Con ello, la administración federal deja abierta la puerta para que el vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Utilizando su figura legal, con su signatura se modificó el estatuto de las vedas existentes sobre el 40 por ciento de las cuentas del país que contienen el 55 por ciento de las aguas superficiales del país.
Con ello se eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción del agua, aunque –de acuerdo a lo anunciado- con ello se busca establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.
Sin embargo, los especialistas aseguran que los únicos beneficiarios serán las empresas quienes podrán privatizar el agua violando el derecho humano al agua.
Los decretos incluyen a las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campache); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca).
Además de San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
Finalmente la organización defensora “Agua para Todos”, la cual integran pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores, advirtieron que con la medida Peña Nieto concreta otra reforma estructural que en nada benefició a los mexicanos.
“Estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”, advirtió la defensora.
Con información de Sin Embargo/Regeneración
