De 2009 a 2018, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla ha judicializado 26 casos contra mujeres por practicarse el aborto, de cuales 11 han tenido sentencia condenatoria, lo que se demuestra que en la entidad sí se está criminalizando.
Denunciaron Natalí Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis); Rubí Cervantes Cárdenas, de El Taller; y Jessica Pérez Téllez, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Rdeser), en el marco de la discusión sobre la despenalización del aborto que se realiza en el Congreso de Puebla.
Por ello las activistas urgieron a las autoridades a legislar en base a información científica y no en creencias o su moral, ya que, a la fecha en Puebla no coincide la información sobre el número de mujeres que han sido procesadas por abortar.
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Tan solo en los últimos 9 años, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reportó de 2007 a 2016, 55 denuncias por el delito de aborto, de los que se enfrentaron 37 juicios penales y de estos últimos en 13 casos ya se emitieron sentencias, mientras que de 2009 a 2018 la Fiscalía General del Estado (FGE), contabilizó 69 procesos de mujeres por aborto.
Y es que, mientras los legisladores reducen la discusión a “provida” y abortistas, en los últimos 12 años más de mil 303 mujeres poblanas tuvieron que acudir a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo en clínicas autorizadas, sin embargo quienes optaron por realizarlo clandestinamente en el estado, terminaron encarceladas “incluso antes de iniciar un proceso penal”.
Por ello exigieron a los legisladores no limitarse a pensar que el aborto se reduce a discusión de la “protección a la vida desde su concepción”, sino que deben considerar que el tema es reducir o eliminar las penas en contra de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas.
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“No nos están haciendo un favor. Estamos poniendo la mirada en las mujeres que están a órgano, las que son criminalizadas y las que viven en un proceso de aborto. Es un tema de acceso a derechos”.
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