Beto Fong
Este martes, el Congreso de Chiapas aprobó reformar el Poder Judicial para desaparecer los Tribunales Constitucional, del Trabajo Burocrático, Administrativo y Laboral.
Fue hace unos días que Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, mandó al Congreso local una iniciativa de ley para reformar los artículos del 72 al 79 de la Constitución Política de la entidad.
Para saber: Por austeridad, Rutilio Escandón propone eliminar Tribunales
Con esto, se buscaba eliminar el Tribunal del Trabajo Burocrático y del Tribunal Constitucional para que sus actividades fueran absorbidas y reestructuradas bajo un nuevo orden que permita celeridad en el trabajo y ahorro de recursos.
[Con esto se lograría] Una reforma profunda al Poder Judicial del Estado para hacer más eficiente la administración de justicia aplicando los recursos necesarios, sin derroches, para la sustentación de la infraestructura física y humana necesaria, que a diferencia de tiempos pasados no se utilice para mantener un aparato burocrático sin la preparación y sin ánimo de servir en una materia tan delicada como la administración de justicia, pilar para mantener el orden, el desarrollo y la paz social.
Este martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Salvador Camacho Velasco, informó que también se aprobó la homologación salarial de consejeros de la Judicatura Estatal con la de magistrados:
Los magistrados ganan alrededor de 65 mil pesos y los consejeros una cantidad superior.
Las actividades del Tribunal Constitucional serán absorbidas por el Pleno de Distrito que funcionará como órgano colegiado. Este órgano no será permanente y se constituirá cuando existan asuntos que le correspondan.
Por otro lado, las funciones del Tribunales Administrativos se fusionarán al Poder Judicial para hacer más eficaz la implementación del Sistema Anticorrupción.
Un dato: Secretaria de Turismo de Veracruz carga sus botanas al erario
En lo que respecta al Tribunal Laboral, los juzgados laborales se encargarán de las diferencias y conflictos entre asalariados y patrones, siempre y cuando no sean competencia del Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación.
Estas medidas se implementarán como parte del plan de austeridad impulsado por el Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
