A unos cuantos días de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunció que juez ordenó la liberación de 24 policías de Iguala que se encontraban detenidas por este caso.

En conferencia de prensa, el encargado de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló que fue el juez de distrito en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien dio la orden para liberar “absoluta e inmediata” a los sospechosos.

Como lo había advertido con anterioridad, señala como responsables a los jueces, precisando que en el caso de Ventura Ramos no se encontró “fotografía, ni registro en el poder judicial, ni en juzgado que él encabeza”.

Comentó que el juez ha utilizado criterios cuestionables para liberar a los detenidos, ya que aunque se demostró que los detenidos fueron torturados por la Procuraduría General de la República (hoy, FGR), “no finca responsabilidad a los torturadores”.

“Con toda seguridad, y con el ánimo de calentar el ambiente político, se están otorgando libertades absolutorias a perpetradores”.

Además, precisó que los policías liberados están exigiendo una indemnización de 1 millón de pesos al ayuntamiento de Iguala.

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Con las liberaciones, el caso que sumó 142 detenidos por la desaparición de los 43 jóvenes, ya sólo quedan 65, y de seguir esta tendencia podrían ser liberadas más personas.

Fue el pasado 4 de septiembre cuando Encinas Rodríguez informó que el mismo juez liberó a Gildardo López Astudillo, “El Gil”, principal involucrado en el caso, tras desestimar 44 pruebas en contra del sospechoso por el delito de secuestro y sólo analizar 162 de los 791 tomos de averiguación.

Debido a esta situación, el subsecretario de la Segob anunció que se llevará a cabo una “revisión profunda” del caso para garantizar el fin de la impunidad en este caso; además, compartirá los expedientes delictivos de los policías municipales liberados.

“Es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia de este país. Es una burla a la justicia. Muestra la miseria, la podredumbre que se encuentra la impartición de justicia del país; huele a podrido y es el momento de hacer cambios profundos”.

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