Redacción PH

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza concluyó que el Estado Mexicano cometió el crimen de ecocidio y etnocidio, al considerar que el Tren Maya ha violado los Derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya.

También se vulneraron los Derechos de la Madre Tierra, como los derechos a la vida y a existir, a ser respetada, a la regeneración de su biocapacidad y a continuar sus ciclos y procesos vitales sin alteraciones humanas, al agua, a la salud y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Ante esto, ordenó como medidas de reparación, que se realice una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria, en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra.

La reparación y restauración de los ecosistemas afectados por las construcciones, así como la suspensión de las mismas.

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Igualmente, solicita reformas constitucionales a nivel federal que reconozcan a la Naturaleza como sujeto de derechos y a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.

El Tribunal hizo la entrega pública del veredicto del caso por medio de una conferencia en línea este miércoles.

En la reunión, Russell Pebá Ocampo, miembro de la Asamblea de Defensores Maya, denunció que se llevó a cabo una “falsa consulta” y dijo que se violentaron las leyes porque no se presentó un Manifiesto de Impacto Ambiental desde el inicio a las comunidades indígenas de la zona. Asimismo, se pronunció en contra de la construcción y denunció sus impactos.

El Fiscal de la Tierra, Jorge Fernández, denunció que en el desarrollo del proyecto no se han dado “condiciones democráticas” y celebró la sentencia.

“Recibimos con mucho aliento con mucha esperanza esta sentencia. Es una herramienta para que los pueblos y las comunidades sigan luchando, que expone, que sistematiza, pero también insisto es una oportunidad para distintas instancias del Estado mexicano para finalmente hacer efectivo el derecho a la libre determinación de los pueblos y reconocer los derechos de la naturaleza”, expresó.

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El veredicto también será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos México, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y a la Embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional conformada por ciudadanos para investigar las violaciones de los Derechos de la Naturaleza. Sus decisiones no son vinculantes, pero sus impulsores argumentan que puede tener un impacto en los territorios involucrados.

El tribunal decidió atraer el caso del Tren Maya, después de que la asamblea del territorio maya en Yucatán, junto con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaran su intervención el 5 de junio de 2022. A raíz de ello, el caso fue analizado en dicho mes y el Tribunal convocó a una sesión nacional y a una visita in situ.

Del 9 al 12 de marzo de este año llevó a cabo su octava audiencia local en Yucatán para evaluar la implementación del Tren Maya y escuchar las comentarios de comunidades indígenas de la zona y especialistas de la región.

Tras ella, concluyó que el proyecto se inició sin realizar declaraciones de impacto ambiental. Asimismo, argumentó que tendrá impactos a las comunidades de la zona por una “pérdida irreparable de la diversidad biocultural”, así como a la flora y fauna, por daño directo y fragmentación de ecosistemas, y a las formaciones naturales, afectando cavernas subterráneas.

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El Tren Maya abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se planea construir una ruta de mil 554 kilómetros de vía férrea.

Es uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que busca potenciar el desarrollo en el sureste mexicano.