El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una fuerte crítica contra la administración de Estados Unidos, acusándola de vulnerar los protocolos de confidencialidad en el proceso judicial contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios.

Durante la conferencia matutina de este lunes 4 de mayo, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, denunció que la difusión de la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y de la respectiva solicitud de extradición constituye una falta grave al debido proceso.

Según la funcionaria, la filtración de estos documentos ha generado un “linchamiento mediático”, adelantando juicios públicos antes de que se agoten las instancias legales correspondientes.

“Dicha confidencialidad se violentó provocando que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, aseguró Alcalde.

La consejera fundamentó su postura en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, subrayando que la reserva de la información es vital para preservar la presunción de inocencia, impedir la contaminación de pruebas y evitar la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades.

Ante lo que consideran una irregularidad procesal, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una opinión técnica a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El objetivo es formalizar una petición ante el gobierno estadounidense para que se respete estrictamente el carácter confidencial de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Finalmente, Alcalde puntualizó que, hasta el momento, el gobierno de México no ha recibido pruebas contundentes que justifiquen un riesgo de sustracción de la justicia o de obstaculización del proceso por parte de los señalados, cuestionando así la premura y las formas del actuar neoyorquino.