De los 63 proyectos mineros que durante 2018 iniciaron en México, cuatro de ellos están en Puebla, lo que convierte al estado en la sexta entidad con más proyectos de este tipo.

Destaca el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) en su “Anuario 2018. Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T”, en el que resalta el impacto ambiental y a la salud que produce la extracción de minerales e hidrocarburos, los cuales sobrepasan a los beneficios económicos que pueden producir.

Sin embargo, las mineras no son las únicas que ponen en riesgo a los habitantes también lo son los proyectos mineros en acuíferos, de los cuales hay 576 en el país pese a que el país ya presenta un gran déficit hidríco.

En tanto, Sonora, Durango y Zacatecas concentran cerca de la mitad de los proyectos mineros del país, muchos de ellos a cielo abierto, los cuales generan contaminantes que son absorbidos por animales y seres humanos, generando impactos para su salud.

Estos van desde los polvos tóxicos que contienen metales pesados, hasta los residuos químicos que contienen cianuro, mercurio o ácido sulfúrico y que pueden filtrarse y contaminar fuentes de agua superficiales y pozos.

El anuario también destaca la devastación que generan los procesos de excavación, que cuentan con un tiempo de vida útil de entre cinco y 12 años, y que una vez agotados dejan “el territorio completamente destruido y contaminado”.

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“Es necesario reconocer esta problemática y comenzar a sistematizar todos los impactos para entender que la extracción minera a cielo abierto es por demás lesiva al desarrollo humano, no sustentable e injusta socialmente, por la desigualdad entre costos y beneficios”.

440 ataques

A nivel local se documentó que los proyectos mineros ya han afectado actividades productivas como la producción de miel, los establos lecheros, las granjas acuícolas, así como la crianza de cabras, que se encuentran cerca de la concesión.

Aunado a ello, en el caso de Puebla, la mayoría de los proyectos han sido a cielo abierto, técnica que usa grandes cantidades de agua, además de ácido sulfúrico, químico letal para la salud y la biodiversidad.

Por si el daño no fuera suficiente, también se registraron 440 ataques a personas defensores del territorio, la tierra y el medio ambiente y 95 casos de criminalización.

Al mismo tiempo el país suma más de 800 conflictos socioambientales derivados de la explotación de recursos naturales y energéticos.

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Fracking llegó a la 4T

A pesar de que en campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió que, de llegar a la Presidencia, prohibiría la técnica de extracción de combustible a través de la técnica de fractura hidráulica, o fracking, por los riesgos y la contaminación que genera, y que lo ha corroborado en varios discursos posteriores a su triunfo, esta práctica de extracción no solo continúa la inercia establecida por Enrique Peña Nieto, sino que recibe miles de millones de pesos del presupuesto federal.

“Esta asignación de presupuesto para fracking es responsabilidad del nuevo gobierno que presentó su Paquete Económico 2019 a la Cámara de Diputados, diseñado de manera concurrente entre un equipo del gobierno de Peña Nieto y un equipo del entonces gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador”, denuncia el anuario de Fundar.

También recalca cómo el gobierno de López Obrador ha incrementado los presupuestos de Pemex y de la Secretaría de Energía, con el fin de regresar los niveles de producción a los de 2013, y apuesta a proyectos como la refinería de Dos Bocas, Tabasco, basándose en la explotación de yacimientos cada vez más escasos.

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Finalmente recuerda que el discurso de que la minería es una gran generadora de empleos y motor de desarrollo local es un mito, pues contribuyen “con aportes mínimos a las cifras de empleo nacional y son superadas, por mucho, por otros sectores económicos”.

Aunado a ello, es también un sector con un alto porcentaje de empleos que operan bajo la figura de outsourcing, “estos trabajos son de alto riesgo y es frecuente que el personal carezca de seguridad social y prestaciones básicas otorgadas por las empresas mineras”.

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