Desde organizaciones y la sociedad civil, usuarios del transporte público ya alistan una serie de acciones para intentar frenar el alza a la tarifa del transporte, la que este domingo subió en $2.50, lo que equivale a un aumento del 41 por ciento.

Una de las acciones que tomarán será la de tramitar quinientos amparos contra el alza a la tarifa, informó Luis Soriano Peregrina vocero de la Asamblea Ciudadana Puebla en Lucha.

A la par se interpondrá ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) una queja.

Mientras que Jorge Octavio Martínez e Hilario Gallegos Gómez presentarán ante el Congreso del Estado una propuesta para reformar la Ley del Transporte y su reglamento, con la que buscan que los ajustes a la tarifas del transporte se regulen por una norma y no por decisiones políticas.

Activistas pidieron una tarifa especial para estudiantes y que el Congreso del Estado reforme la Ley del Transporte para que los ajustes se apeguen a una norma y no a acuerdos políticos.

Para saber: Golpe al bolsillo, gobierno autoriza alza de $2.50 y $2.00 a la tarifa del transporte

En todos los casos el principal argumento es que no se está tomando en cuenta la situación precaria del estado, además de que se están violentando los derechos humanos de los usuarios, porque las autoridades están obligadas a garantizar un servicio de calidad que no se tiene.

Las manifestaciones

Será este martes cuando ocurra la primera movilización de ciudadanos, quienes buscan impedir que a partir del próximo 12 de octubre se concrete el aumento.

La protesta es convocada por la Confederación de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla e iniciará a las 11 horas en el Paseo Bravo, pasando por el zócalo y hasta llegar a Casa Aguayo, donde esperan ser escuchados por Miguel Barbosa Huerta, quien estará en el lugar como parte de las audiencias del martes ciudadano.

También habrá otra movilización el próximo sábado a las 16:00 horas en el centro histórico.

En tanto desde la sociedad civil, empresarios, partidos políticos y más se han sumando para condenar el primer aumento a la tarifa del transporte a 8 años del último aumento.