Redacción
El Poder Judicial de Puebla obtuvo una calificación de 47.6 puntos de 100 posibles sobre sus medidas de protección para mujeres víctimas de violencia durante la contingencia de Covid-19, en un estudio de la organización Equis Justicia para las Mujeres que lo posicionó en el lugar 13 de las 32 entidades.
En el estudio se detectó que la mayor parte de los poderes judiciales estatales no especificaron como seguirán cuidando al sector femenino durante el confinamiento que concluirá hasta el 30 de abril. Y es que, aunque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla sí estableció guardias para la emisión de órdenes de protección mientras dura la contingencia, no consideró implementar guardias para dictar medidas precautorias en materia familiar que tienen como objetivo proteger a la víctima desde el comienzo de la investigación, cuando el presunto responsable de cometer un delito representa un riesgo contra su seguridad e integridad.
El Poder Judicial debe cancelar, ratificar o modificar la medida cuando se ordena: la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la separación inmediata del domicilio, o bien, se limita el acercamiento al domicilio de la víctima o al lugar en el que se encuentre.
Asimismo, Puebla estableció guardias para el pago de las pensiones alimenticias a las mujeres víctimas, pero no lo expresó de manera explícita, además suspendió las operaciones de los centros de convivencia supervisada, sin implementar otras alternativas que cumplan con dicha medida.
Por último, reconoce que el TSJ de Puebla consideró a mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, las personas mayores de 60 años, con enfermedades crónico degenerativas y con discapacidad como población vulnerable al coronavirus, por lo que personal con estas condiciones fueron enviados a confinamiento en sus hogares. Además que, si bien, no exentó a las personas que tienen a su cuidado hijas o hijos, sí propuso el establecimiento de jornadas más flexibles.
Con información de Urbano
