Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció en su mañanera de este jueves el envío de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de blindar los procesos electorales frente al crimen organizado.

La propuesta central consiste en la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Acompañada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, la mandataria detalló que este mecanismo surge como respuesta a recientes casos donde autoridades municipales han sido vinculadas con grupos delictivos, citando operativos en el Estado de México, Jalisco y Morelos.

“Es importante que si vamos a tener elección en el 2027 se presente algún mecanismo que permita a los partidos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente”, enfatizó Sheinbaum.

La nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE por un periodo de tres años. Su función principal será actuar como un puente de comunicación confidencial entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad y justicia del Estado.

Bajo este esquema, los partidos podrán entregar de forma voluntaria sus listas de aspirantes a la comisión. Esta, a su vez, consultará a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las autoridades consultadas emitirán un dictamen indicando si existe un “riesgo razonable” de nexos delictivos, sin revelar detalles específicos del caso para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia.

Posteriormente, la comisión notificará al partido solicitante, quien tendrá la responsabilidad final de decidir si procede o no con el registro del candidato.

La consejera Alcalde aclaró que toda la información manejada tendrá carácter reservado. De encontrarse datos relevantes, las autoridades competentes podrán continuar con sus investigaciones de forma paralela.

La propuesta será enviada a la Comisión Permanente del Congreso para ser discutida en un periodo extraordinario, antes de que se cierren los plazos legales para reformas electorales de cara a 2027.