Redacción PH

Por unanimidad el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) revocó una resolución de su Sala Especializada y determinó que Denise Dresser no cometió violencia política en razón de género contra la diputada federal morenista Andrea Chávez, por lo que también dejó sin efectos las sanciones impuestas previamente.

Al resolver el proyecto SUP-REP-642/2023, bajo la ponencia de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, propuso revocar la sentencia de la Sala Regional Especializada contra Denise Dresser por violencia política y dejar sin efectos la multa impuesta por 20 mil 748 pesos, su inscripción en el Padrón de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un año y medio y el publicar en X una disculpa pública y un extracto de la sentencia, durante 30 días, además de tomar un curso de violencia política en razón de género.

Además, los magistrados se posicionaron en defender que se trató de una crítica periodística.

Al respecto el magistrado Felipe de la Mata recordó que no se advertía la configuración de la violencia política en razón de género en contra de Chávez, además, se trata de un tema de libertad de expresión.

“La violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre de periodismo”, señaló y precisó que para acreditar dicha violencia política de género contra una mujer deben incluirse elementos específicos.

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Pero, “mientras eso no suceda, toda expresión, manifestación o actuación, deben evitar de ser sancionadas. Más aún si se trata, como es el caso de un ejercicio de libertad de expresión y del periodismo”.

Tras conocer la resolución de este miércoles, la politóloga Dresser celebró el fallo del Tribunal Electoral y consideró que con ello gana la libertad de exptresión.

“En un verdadero fallo histórico el Tribunal determina de manera unánime que no cometí ‘violencia política de género’ contra Andres Chávez y revoca la sentencia de la Sala Regional. Hoy ganan la libertad de expresión, y el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos público como lo son el uso del avión de la Guardia Nacional para trasladar a familiares”, añadió la escritora.