Redacción PH

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad dos iniciativas enviadas por el ejecutivo del estado las cuales abren la puerta para que el Congreso local evalué, vigile y -de considerarlo necesario- se remueva al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Acordaron durante la sesión ordinaria de este jueves,en la cual se aprobaron las reformas a los artículos 12, 57, 113, 114 y 125 de la Constitución del estado, las cuales -supuestamente- buscan corregir las lagunas legales que existían en los organismos de vigilancia y transparencia.

Su análisis y votación, como ha ocurrido con otras propuestas enviadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, se dio solo una semana después de su llegada al Legislativo, tras ser avaladas en comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e Inspectora.

Los cambios también alcanzarán al Sistema Estatal Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, que también deberán reorganizarse o integrar nuevas comisiones.

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Esta Unidad Técnica de Vigilancia dependerá del Congreso de Puebla y de acuerdo con la diputada Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, tienen como finalidad, “fortalecer su autonomía y elevar los rangos de exigencia sobre su actuación y actuar de forma parcial”.

Lo más destacado de la reforma es que deja abierta la posibilidad de remover al titular de la ASE, actualmente comandada por Francisco Romero Serrano.

Para que el Congreso determine removerlo debe cometer alguno de estas faltas.

  • Ausentarse de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso
  • Abstenerse de presentar en el año correspondiente, sin causa justificada, los informes previstos en la ley
  • Conducirse con parcialidad o aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio la función de fiscalización, en el proceso de revisión de la Cuenta Pública, así como en los procedimientos de fiscalización y de imposición de sanciones
  • Obtener, sin justificación, una evaluación del desempeño no satisfactoria, a juicio del Congreso, durante dos ejercicios consecutivos.