Arturo Peimbert Calvo, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en un hecho inédito presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, contra quien resulte responsable por su participación en “posibles crímenes” en ese esa entidad entre los años 2006 y 2007 contra pueblos indígenas.
En su denuncia se advierte que es por los delitos de lesa humanidad que pudieron cometer los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como el mandatario del estado, Ulises Ruiz, por los abusos y actos de represión en el marco de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Peimbert Calvo acompañado de varias de las víctimas acudió a La Haya para pedir sanciones por las 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada, de por lo menos, dos personas en Oaxaca.
El expediente está conformado por más de mil 600 páginas en los que se vierten otros señalamientos contra los exfuncionarios, como el desplazamiento forzado.
Su denuncia ante La Haya no es sólo porque se agotaron las instancias en México, sino porque cuenta con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las conclusiones de la Comisión de la Verdad, en todas ellas concluyeron que se cometieron graves violaciones contra los manifestantes.
Sistematicidad y terror
Al respecto el defensor advirtió que la represión contra los manifestantes no sólo fue una muestra de un patrón de sistematicidad y la política de generar terror en la población mayoritariamente indígena por parte del estado Mexicano, sino también se generó un modelo de intervención violenta que se repite en Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya, Tanhuato.
“En nuestro estado se estrena un modelo de intervención violenta que se sigue repitiendo de manera sucesiva en algunos otros casos y que al no haber sanción jurídica y penal permite que se siga repitiendo, o sea, impunidad. Entonces lo vemos reflejado en ciertos patrones de conducta similares: en Ayotzinapa, en Nochixtlán, en Tlatlaya, en Tanhuato. Lo que nos permite perfilar que existe una condición sistemática y generalizada”.
Y es que, advierte, el caso que llevan ante La Haya ha planteado la teoría de que en Oaxaca se generó y sofisticó un modelo de intervención violenta en contra de la protesta social.
“De tal forma que inclusive dentro de sus mecanismos de represión se generan ciertos vínculos con el crimen organizado, a través de algunos de sus cárteles, para poder reprimir a la protesta social a través de lo que se denominó en Oaxaca las caravanas de la muerte”.
Las “caravanas de la muerte” fueron grupos que atacaban durante la noche a la población civil, cometiendo asesinatos, desaparición forzada y tortura, de acuerdo con la definición del artículo 7 del estatuto de Roma, es decir, crímenes de lesa humanidad.
Esta es la primera ocasión en la historia de este tribunal internacional que una institución pública de derechos humanos perteneciente a un Estado miembro (en este caso México) presenta una caso de este tipo.
El proceso en La Haya es complejo, ahora su caso será revisado por la unidad de información y evidencia de la Fiscalía de la CPI, proceso que puede prologarse varios meses y que no siempre trasciende.
Será dicha instancia la que defina si procede o no la apertura del proceso contra los exfuncionarios señalados.
Con información de La Jornada
