Gabriela Xelano

David Méndez Márquez, secretario de Gobernación en Puebla, prometió que ni el gobierno estatal o alguna de sus áreas intervendrá en el proceso electoral de junio para condicionar los votos.

Informó durante su comparecencia ante el Congreso de Puebla, al precisar que la prioridad del gobierno estatal es cumplir con una de las principales demandas de los ciudadanos “que no metan las manos en los procesos”.

“Seremos escrupulosamente puntales en el cumplimiento de este marco legal, de no generar ningún tipo de intromisión que distorsione esta contienda democrática”, dijo a los diputados al mismo tiempo que destacó que es un compromiso fundamental del gobierno y una “absoluta convicción democrática”.

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Por el contrario, dijo que el papel de su dependencia será velar que todo se desarrolle bajo el cumplimiento estricto del marco normativo, procurando que existan las condiciones para que los poblanos expresen de manera libre su voto.

El presente proceso electoral será el primero que se viva en el estado de Puebla, en los tiempos recientes, que se llevará a cabo en absoluta libertad, bajo todo el cumplimiento estricto del marco normativo que tenemos, y donde se estarán asentando las condiciones para que los poblanos expresen de manera libre su voluntad.

Los resultados

En la glosa del II Informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el secretario presumió que en el último año se logró disminuir en 46.6 por ciento los linchamientos en Puebla respecto al 2019, además se elevó al 96 por ciento el número de personas rescatadas.

Además, consecuencia de la pandemia se buscó la despresurización de las cárceles por lo que se logró la preliberación de 26 personas.

Aseguró que en un año Puebla pasó del quinto lugar en personas desaparecidas a la posición 12.

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De igual forma indicó que pese a la pandemia se realizaron 226 reuniones de agenda diaria y trabajo para dar atención demandas sociales así como mil 972 audiencias con autoridades municipales y organizaciones sociales y donde no se tuvo acuerdos se emprendieron 805 reuniones conciliatorias.

De su agenda también destacó la construcción de una nueva relación Estado–sociedad basada en la participación ciudadana activa y organizada, que se construye desde la ciudadanía y “no desde las antiguas relaciones clientelares, chantajes o intimidación, tampoco basada en amenazas y represión, propias de regímenes autoritarios y de los gobiernos neoliberales”.