En un año, Puebla no ha dejado de convulsionarse políticamente. Hace un año, el panismo y sus apéndices políticos presenciaron la unción de la primera gobernadora en Puebla: Martha Érika Alonso.

Muchos de los que hoy aplauden al Gobernador Miguel Barbosa, estuvieron listos para vitorear las arengas en Acrópolis, donde la esposa de Moreno Valle consolidaba el bastión familiar.

Hace unas horas, el mandatario entregó el informe de los primeros cuatro meses del régimen de la transformación.

Durante este periodo nos hemos ido conociendo con nuestro gobernante; resalto lo salvable: La réplica del estilo López-obradorista para sentarse frente a frente con el ciudadano y escucharlo por unos breves minutos. Dinámica rentable para un gobierno que busca capitalizar la famosa cercanía con el pueblo.

De ahí a que esas pláticas sean productivas y realmente den solución a la gente, es otra historia.

Tenemos un gobernador con un estilo impositivo y por momentos contradictorio. Al inicio de su gestión hablaba de la llamada reconciliación, sin embargo, ha tundido la hoguera para los llamados adversarios que han formado parte de la mafia del poder.

No se le puede restar el mérito de ir contra las grandes señales de la corrupción morenovallista al anunciar el proceso de revocación de notarías, que hasta ahora, se mantiene en el limbo, es decir, “mucho ruido y pocas nueces”.

También los erráticos nombramientos en un gabinete que ha funcionado como maquiladora por la alta rotación de personal, pues se nos ha hecho habitual conocer de renuncias y cambios al vapor para ver el arribo de muchos foráneos que poco o nada tienen que ver con nuestra entidad.

Los llamados a limpiar la administración de morenovallistas y panistas han quedado en un exhorto discursivo, pues en la realidad, son varios los operadores de las anteriores administraciones que se mantienen cobrando religiosamente sus salarios en esta etapa barbosista.

El estilo arcaico de mantener al Gobernador como el “Gran Legislador” se ha consumado durante estos 120 días de mandato, donde el ejecutivo estatal carece de contrapesos para iniciar esa transformación de la que se nos habló.

El Congreso del Estado cumple una función que no se diferencia en nada a sus antecesores, pues sigue siendo la “oficialía de partes” del mandatario en turno, quien envía e instruye la línea que tiene que ser votada por los “honorables diputados”.

Sin el mayor empacho, las columnas periodísticas confirman como garrote político la función del nuevo auditor del Estado, quien de autonomía no tiene más que el membrete, pues irá y revisará lo que se le indique.

Las confrontaciones internas entre funcionarios de primer nivel, las presunciones de corrupción en procesos de licitación amañados, la lucha campal entre el feminismo burócrata ventilando sus ambiciones de poder y un deficiente esquema de comunicación gubernamental que exhibe de manera constante acciones erráticas, colocan a Miguel Barbosa como un gobernante al que se le ven muchos contras por resolver en los próximos 8 meses, cuando cumpla su primer año de mandato.

Las medidas impopulares de la era barbosista están ahí y no se pueden ignorar: alza a las tarifas del transporte público, el pago de nuevos servicios e impuestos y una débil estrategia para el combate de la inseguridad, son los puntos de acción que detonan la crítica y cuestionamientos sobre el actuar de un gobierno que ha iniciado no con uno, sino con varios tropiezos.

@rubysoriano
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