Redacción PH
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue desaforado este viernes por el pleno de la Cámara de Diputados, con lo que ahora el mandatario queda en manos de los poderes estatales: el Congreso de Tamaulipas y, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, que darán el veredicto final.
La Cámara de Diputados aprobó con 302 votos a favor, 133 en contra y 14 abstenciones el desafuero por el delito de defraudación fiscal, por lo que ahora el caso pasará al Congreso de Tamaulipas.
“La Cámara de Diputados, en fundamento con el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos declara: A lugar de proceder en contra del Gobernador de Tamaulipas, el ciudadano Francisco García Cabeza de Vaca”, expuso Dulce María Sauri, presidente de la Mesa Directiva, después de la votación en el Pleno.
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El mandatario panista es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.
A su vez, la FGR presentó ante los diputados federales pruebas testimoniales, montos, bienes inmuebles, operaciones de triangulación de dinero, llamadas y documentos firmados.
Finalmente, desde la Cámara de Diputado se instruyó informar sobre la resolución al Congreso de Tamaulipas, representación que a su vez ya ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender los efectos del desafuero.
Es revanchismo
Tras confirmarse el desafuero, en un video el gobernador envió un mensaje advirtiendo que las acusaciones en su contra son un revanchismo político.
Precisa que el proceso fue orquestado por Morena, en específico proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual está a cargo de Santiago Nieto Castillo.
“Se ocupa para inventar delitos, para fabricar culpables que puedan distraer la atención; dirigir el resentimiento ante la evidente falta de resultados de un gobierno que habla mucho y hace poco”, denunció el gobernador.
También afirmó que todo el procedimiento se basa en “supuestamente no haber pagado los impuestos por la compra-venta de un departamento”, a pesar de que ha demostrado que la operación fue lícita y los impuestos fueron pagados.
