Redacción PH
Con 258 votos a favor de Morena y 213 de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con reformas a la Ley de Amparo, la iniciativa de Morena que propone limitar las resoluciones de los jueces y magistrados, con el fin de evitar que suspendan de inmediato leyes, sin el análisis a fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su eventual inconstitucionalidad.
Su aprobación estuvo precedida de una discusión entre los legisladores aliados de Morena y sus opositores.
Al solicitar el voto de los legisladores a favor del dictamen, la diputada Adriana Bustamante de Morena señaló que durante muchos años el Poder Judicial ha utilizado el mecanismo del amparo para favorecer a “los intereses de la derecha”, por lo que el propósito de la reforma es “evitar el uso arbitrario” de dicha medida cautelar.
Algunos de los argumentos de los diputados de oposición para votar en contra de la iniciativa estuvieron relacionados con el “retroceso” que significaría con respecto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en particular porque iría en contra del principio de progresividad de dichas garantías.
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De igual forma, destacaron que al impedir que el otorgamiento de un amparo tenga efectos generales, sino sólo para quien promueve dicha herramienta, se deja fuera de esa protección legal a los ciudadanos más pobres, quienes no pueden costearse a un abogado que los ayude a realizar dichos trámites.
Lo que sigue es la discusión en lo particular donde al momento se discuten las 86 reservas, o propuestas de modificación al dictamen, que reforma los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
El dictamen, que ya fue aprobado en el Senado de la República, resalta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha adoptado criterios que rige el juicio de amparo y “han concebido suspensiones con efectos generales contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo”.
A lo largo de este sexenio, los ministros han avalado amparos para detener las obras como el Tren Maya, además de reformas a la industria eléctrica o el Plan B del Ejecutivo en materia electoral.
