Redacción
Tal y como lo había previsto el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la impugnación que iniciaron algunos diputados del Congreso de Puebla contra la Ley de Educación, pues solo contaron con 13 de las 14 firmas requeridas.
La impugnación fue desechada el pasado viernes 17 de julio, aunque fue este martes cuando se publicó la notificación en la que se advierte que se rechazó la demanda por “notoria improcedencia”.
Con el recurso se buscaba invalidar la nueva Ley de Educación, la cual fue duramente criticada porque se avaló en plena pandemia y sin escuchar las quejas del sector educativo que reclamó ajustes al proyecto de Miguel Barbosa.
Se desecha de plano por notoriamente improcedente, la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del estado de Puebla. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene a los promoventes designando representante común, autorizada y delegados, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.
El documento careció del apoyo de los dos diputados perredistas y solo fue firmado por Javier Casique, Rocío García, Josefina García y Nibardo Hernández del PRI; Mónica Rodríguez, Oswaldo Jiménez, Nancy Jiménez y Raúl Espinosa del PAN; Carlos Morales y Guadalupe Esquitín de Movimiento Ciudadano; Uruviel González Vieyra de Compromiso por Puebla; José Juan Espinosa del PT y Héctor Alonso Granados, diputado sin partido.
Sobre el previsible fracaso, pues el artículo 105 constitucional exige las firmas del 33 por ciento de los legisladores para interponer una acción de inconstitucionalidad, el panista Oswaldo Jiménez López, justificó que la falta de la firma no impedía ingresar el documento para su revisión oficial por parte de los ministros.
Agregó que la intención fue seguir adelante con el procedimiento como reconocimiento a “los diputados valientes” que escucharon a los ciudadanos inconformes con la ley que busca regular a las escuelas privadas y abre la puertas a que el gobierno del estado intervenga entidades autónomas como la BUAP.
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