Con 26 feminicidios en lo que va del 2019 y 423 desde que se hizo la primera solicitud de Alerta de Género hace tres años, este miércoles la Segob a través de la Conavim decretó activar el mecanismo para 50 municipios de Puebla, entre ellos la capital del estado.

Con la notificación el gobierno interino de Puebla deberá dar prioridad a los mecanismos que la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dictamine para proteger la vida de las mujeres y menores de Puebla.

Ahora el estado, junto con las autoridades municipales y organismos de la sociedad civil deberán establecer un programa de trabajo para prevenir, enfrentar y abatir los feminicidios, asignar recursos para garantizar la implementación de esta resolución y enviar un claro mensaje a la ciudadanía que en Puebla no se tolerarán conductas violentas en contra de las mujeres.

Los municipios

Como era de esperar los principales municipios del estado fueron incluidos: Puebla, Tehuacán, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula.

También se incluye a Tecamachalco, Acatzingo, San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo, San Salvador El Seco, Huejotzingo, Tepeaca y Amozoc, municipios caracterizados por la presencia de bandas dedicadas al robo de combustible.

Además de Acajete, Acatlán, Ajalpan, Atempan, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, Chignahuapan, Coronango, Huauchinango, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, San Gabriel Chilac, San Salvador El Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tepanco de López, Tepetlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zaragoza y Zoquitlán.

Además de los Pueblos Mágicos de Zacatlán, Zacapoaxtla, Teziutlán, Cuetzalan del Progreso y Atlixco.

Cabe recordar que la alerta había sido buscada desde 2016, cuando la organización “Todos para Todas” presentó la primera solicitud para activar la alerta en Puebla, misma que fue cambiada por una serie de recomendaciones.

Una serie de luchas legales que continuaron en 2017 y 2018, aunado al incremento de feminicidios, obligó a finales del año pasado a aceptar un amparo, con el cual la Secretaría de Gobernación (Segob) quedó obligada a activar el mecanismo.

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