Un estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), concluyó que en dos agencias de la FGE y la delegación de la FGR no se garantiza el respeto de los derechos a los arrestados uno de ellos es el derecho constitucional de contar con un abogado.

De acuerdo con los resultados del informe especial 1/2019 del (MNPT), se advierten las deficiencias del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública y la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, ambas dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), y de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el estudio, las agencias de la FGE no cuentan con condiciones para asegurar la privacidad en la entrevista entre abogado y detenido, ni tampoco llevan un registro que dé cuenta de las personas detenidas que se entrevistaron con su abogado defensor.

Tal situación no se observa en la delegación de la FGE, sin embargo, los tres centros analizados fallan en el garantizar a los detenidos el derecho a requerir un examen médico independiente.

Esas fueron parte de las conclusiones con base a una serie de entrevistas realizadas durante los meses de enero, febrero y marzo, estudio en el cual se visitaron a 100 agencias en todo el país.

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Ambas situaciones forman parte del protocolo que deberían respetar las autoridades de los detenidos, como lo es la realización de un examen médico dentro de las 12 horas posteriores a la detención, el acceso a un abogado, el recibir información sobre sus derechos y notificar a familiares o terceros de la aprehensión, e incluso de su derecho de guardar silencio.

Estas fallas no son exclusivas de Puebla, son una constante que se repitió en las 792 entrevistas que realizaron a las personas que en ese momento se encontraban bajo custodia de las autoridades.