Redacción PH

Activistas, abogados y familiares de Zyanya, joven asesinada en 2018, se manifestaron para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) detener la orden de desalojar las pertenencias de la joven de inmueble que habitaba, pues impediría recabar pruebas y peritajes.

Desde el exterior de la casa que la joven rentaba, lugar en el que fue localizada sin vida y las autoridades calificaron el caso como suicidio a pesar de los indicios de que fue feminicidio, sus deudos pidieron a las autoridades evitar el desalojo, pues en su interior aún existen elementos que pudieran servir para reforzar las investigaciones que conlleven a determinar que se trató de un feminicidio.

Los padres Zyanya Figueroa también advirtieron que esa no es la única anomalía y, a lo largo del proceso, han observado una serie de inconsistencias en la investigación la cual ha sido parcial, superficial y sin perspectiva de género.

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Por ello, si la FGE entrega la caso a los propietarios se perderían más pruebas, por lo que también se dijeron dispuestos a impedir que se entregue la casa.

A la par, sus abogados informaron que hace 2 semanas obtuvieron un amparo de un juez federal que ordena al juez penal que lleva el caso, reinicie las investigaciones para establecer si realmente se trató de un suicidio o un feminicidio.

La madre de la víctima también abundó que otra de las inconsistencias es que la FGE no aseguró todo el domicilio, solo la parte superior, ni tampoco se revisó su cuerpo para saber si habían ejercido violencia sexual en su contra y mucho menos se investigó como feminicidio.

Debe recordarse que la joven médico residente de pediatría en el Hospital del Niño Poblano, fue encontrada sin vida el 15 de mayo de 2018, supuestamente tras ahorcarse, respaldando la versión del suicidio con una carta póstuma que, de acuerdo con sus familiares, en la misiva no coincidía con el actuar diario de la doctora.