La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron al Estado mexicano que cese inmediatamente cualquier acción destinada a la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia para espiar a las personas.

También exige que se instruya “a todos sus agentes a que se abstengan de utilizar el software Pegasus”, tras los informes que revelaron el uso del programa de espionaje por parte del ejército contra defensores y periodistas.

La CIDH y la RELE señalaron que desde 2021, cuando se dio a conocer por primera vez el uso de Pegasus en el país, “no se registran avances sustanciales” por parte del gobierno mexicano para detener el espionaje digital.

“Las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes ante la dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente en los últimos años”, advirtió la CIDH.

Tan sólo a mediados de abril, una investigación del diario estadounidense New York Times reveló que México es el mayor usuario del programa de espionaje Pegasus, y que el ejército mexicano no sólo es el cliente más antiguo de Pegasus, sino que también “ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental del mundo”.

La lista de personas presuntamente afectadas por Pegasus en los últimos años incluye, entre otras, a periodistas, personas defensoras, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.

Los últimos casos de espionaje en México son sobre autoridades de la Sedena que utilizaron Pegasus para espiar a dos integrantes de la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) entre junio y septiembre de 2022, e incluso al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Por ello, urgieron al Estado mexicano a investigar “de forma completa, exhaustiva e imparcial” la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables, así como a adoptar todas las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública.

Con información de Desinformémonos