_{“Si me hubiese puesto a devolver todas las piedras que me tiraron en el camino,
no hubiese llegado a mi destino.”
Refrán popular}

El día 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados Federal una iniciativa para reformar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con algunos procedimientos del poder judicial.

Los Legisladores federales organizaron Foros en varias regiones del país para analizar la reforma judicial, con la participación de especialistas en Derecho, Investigadores, académicos, legisladores y funcionarios judiciales. Durante estos eventos, se debatieron diversos aspectos de la reforma.

Concluidos los Foros, el proceso legislativo continuó en la Cámara de Diputados, donde la reforma fue analizada, discutida y aprobada. Posteriormente fue enviada al Senado, donde también fue evaluada, discutida y aprobada. Cumplidos todos los requisitos legales, la reforma fue enviada a las legislaturas estatales para su correspondiente análisis, discusión y aprobación. Finalmente, el proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el diario oficial de la Federación.

Durante todo este proceso, en cada una de las fases estipuladas por la Constitución para modificar sus artículos, la Derecha se opuso de diversas maneras, tratando de impedir que el Congreso Constituyente y el Poder Ejecutivo llevaran a cabo el mandato expresado por el pueblo de México.

La Derecha parece no haber comprendido por qué 36 millones de mexicanos votaron por Morena y eligieron presidenta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Tampoco han asimilado el respaldo mayoritario a Morena y sus aliados en ambas cámaras legislativas y en la mayoría de los congresos estatales, lo cual otorgó las condiciones políticas necesarias para emprender las reformas constitucionales que el pueblo necesita.

No lograron frenar que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación, avalaran la legalidad en la conformación de ambas cámaras. Derrotada, la derecha fue incapaz de detener los trabajos legislativos que culminaron en la aprobación y envío de las modificaciones constitucionales al Ejecutivo para su promulgación.

La resistencia no provino solo de la derecha nacional, sino también de actores extranjeros, como algunos funcionarios de Estados Unidos y Canadá. A esta oposición se sumaron ciertos académicos, estudiantes de Derecho, empleados judiciales, medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales, quienes intentaron obstaculizar la reforma que busca un poder judicial sin corrupción, sin lujos y más eficiente.

A pesar de estos esfuerzos, las cámaras legislativas aprobaron la convocatoria para que la mitad de los funcionarios judiciales sean elegidos por el pueblo mexicano el primero domingo de junio de 2025. La otra mitad será renovada en junio de 2027. El Senado llevó a cabo un proceso de insaculación para determinar qué jueces y magistrados serán elegidos en cada uno de estos periodos.

Expertos en Derecho han mostrado asombro ante el comportamiento de algunos integrantes del poder judicial, quienes han presentado recursos legales que contradicen las disposiciones constitucionales, dejando en evidencia un desconocimiento básico del derecho.

La desesperada lucha política de ciertos funcionarios del poder judicial por preservar sus privilegios ha servido para que el pueblo de México identifique con mayor claridad a quienes buscan que las instituciones del país no funcionen de manera óptima, especialmente en el ámbito de la justicia, donde prevalecen rezagos y se perpetúan injusticias hacia los sectores más vulnerables.

En los años por venir, los mexicanos tendremos la oportunidad de elegir democráticamente a los integrantes de los tres poderes de la unión. Este es un triunfo político extraordinario, ya que no habrá ninguna institución política en el país que no esté bajo el control del pueblo de México, y por ello debemos de felicitarnos todos.