Luis Enrique Sánchez Fernández

Cada cierto tiempo, el sistema político mexicano entra en revisión. No es extraño: desde finales del siglo XX México ha vivido una larga transición marcada por reformas electorales que buscaban un objetivo central: evitar que el poder político controlara las elecciones.

Ese fue el espíritu de las reformas de 1977, 1990, 1996 y 2014. Todas ellas intentaron construir un sistema electoral confiable, autónomo y plural, después de décadas en que el gobierno organizaba, calificaba y decidía los resultados de las elecciones.

Hoy, nuevamente, se habla de una reforma política.

El argumento central del partido gobernante, Movimiento Regeneración Nacional, es simple y eficaz: el sistema electoral mexicano es caro, excesivamente burocrático y distante de los ciudadanos. Reducir el financiamiento a partidos, disminuir legisladores plurinominales y reformar las instituciones electorales, se dice, permitiría abaratar la democracia.

El planteamiento resulta atractivo para una sociedad que observa con molestia el alto costo de la política. Los partidos reciben miles de millones de pesos cada año y, sin embargo, la confianza ciudadana en ellos es baja.

Pero el debate real no está en el costo.

La pregunta de fondo es otra: ¿qué equilibrio de poder se quiere construir en el sistema político mexicano?

Las instituciones electorales actuales, especialmente el Instituto Nacional Electoral, surgieron precisamente para impedir que el gobierno en turno tuviera influencia sobre los procesos electorales. Fueron diseñadas como un contrapeso.

Por eso la discusión sobre una reforma política siempre despierta sospechas.

Reducir el número de legisladores plurinominales, por ejemplo, puede parecer una medida popular. Sin embargo, esos espacios fueron creados para garantizar la representación de minorías políticas y evitar mayorías artificiales en el Congreso.

Eliminar o disminuir esa representación podría tener un efecto claro: fortalecer al partido dominante.

Lo mismo ocurre con cualquier intento de rediseñar las instituciones electorales. En un país con la historia política de México, modificar las reglas electorales siempre plantea una duda inevitable: se busca mejorar la democracia o facilitar el control del poder.

Las democracias modernas se construyen sobre un principio básico: los gobiernos pasan, pero las reglas deben permanecer estables.

Cuando las reglas cambian desde el poder, el debate deja de ser técnico y se vuelve político.

México tardó décadas en construir un sistema electoral que permitiera alternancia, competencia y pluralidad. No fue una concesión del poder: fue el resultado de luchas políticas, presión social y reformas graduales.

Por eso, antes de celebrar o condenar cualquier reforma política, conviene mirar más allá de los argumentos inmediatos.

La pregunta verdadera no es cuánto cuesta la democracia.

La pregunta es cuánto poder está dispuesto el poder a limitar.

Es cuanto.