La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de diversas disposiciones de la recién aprobada Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Puebla.

Bajo el expediente 52/2026, el organismo autónomo busca que el máximo tribunal del país declare la inconstitucionalidad de varios artículos de dicha legislación, la cual fue avalada por el Congreso poblano apenas el pasado 15 de marzo de 2026.

La impugnación se fundamenta en que ciertos preceptos de la normativa local vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Entre los puntos críticos señalados por la CNDH destacan la violación al derecho de igualdad y no discriminación y la transgresión al principio de legalidad y taxatividad.

La controversia se centra específicamente en los requisitos de certificación y el régimen de sanciones para los facilitadores:

Requisitos de Certificación (Art. 33, fracción III): La ley exige no tener sentencias por delitos dolosos (como robo o fraude) para ser facilitador. La CNDH considera que este criterio podría ser discriminatorio al impedir el acceso al empleo de forma absoluta.

Régimen de Sanciones (Arts. 40, 123 y 126): Estos artículos contemplan la suspensión e inhabilitación de los facilitadores por infracciones a la ley local. El organismo considera que las reglas para estas sanciones no cumplen con el rigor necesario para garantizar el debido proceso.

Hasta el momento, el Congreso de Puebla no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el inicio de este proceso judicial que podría obligar a los legisladores locales a reformar la normativa en los próximos meses.