Redacción PH
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habrían iniciado una investigación formal en contra del ministro Arturo Zaldívar por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas ilícitas.
La investigación también alcanzaría a colaboradores cercanos a Zaldívar Lelo de Larrea e incluso a Arely Gómez, extitular de la PGR y la SFP con Peña Nieto, recientemente nombrada auditora especial de Desempeño de la ASF, tras el cese de Agustín Caso, quien auditó las deudas del NAIM.
La noticia fue respondida de inmediato por Zaldívar quien en entrevista con Ciro Gómez Leva tildó la acción de una cacería de brujas y una presecusión “muy grave”, pues además la investigación proviene de una denuncia anónima que admitieron sin pruebas.
“La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”, dijo a Gómez Leyva sobre la supuesta denuncia que el periodista Arturo Ángel publicó en un articulo donde afirma que tuvo acceso al presunto documento en el que se investiga al ministro en retiro y en el que se instruye la apertura de la indagatoria al Consejo de la Judicatura, así como a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la SCJN.
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A Zaldívar se le señala de haber “vulnerado” la autonomía e independencia de múltiples operadores del sistema de justicia con la finalidad de “satisfacer intereses personales o de terceros”.
El ministro que renunció a su cargo para sumarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo habría ejercido presión contra titulares de órganos jurisdiccionales para que resolvieran a favor de sus intereses.
La presión la ejercía a través de uno de sus subordinados y prometía beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, pero también lo hacía mediante extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
Sin embargo, para Zaldívar los señalamientos tienen “una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar”.
“Violando toda la normatividad y todos los precedentes, la regla que se ha venido imponiendo, incluso en la administración de la ministra Piña es que las quejas anónimas o que no aportan pruebas, pues no se admiten, incluso se desechan. Incluso hay una jurisprudencia tratándose de los ministros de la Corte de que hay un principio de presunción de inocencia y de buena fe; es decir, que quien denuncia, quien se queja tiene que aportar las pruebas. En este caso, curiosamente se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras con el único delito de que sus criterios en algunos casos fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el Gobierno del presidente López Obrador”.
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Zaldívar agregó que la denuncia es porque hay preocupación “por el resultado de la elección”
“Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado y entonces tratan de hacer este tipo y golpes muy bajos, y me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial”.
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