La empresa Calles y Morteros del Grijalva, localizada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas, ha tenido su cierre definitivo tras casi 20 años de lucha.
Según Autoridades de la Dirección para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), en las instalaciones del inmueble ya colocaron sellos de clausura total, luego de que esta empresa tuviera casi 50 años el poder de “contaminar a diestra y siniestra”.
Esta acción significaría que Calles y Morteros de Grijalva, empresa ubicada en un área natural protegida de Chiapas, tendrá que ser reubicada en otro lugar para terminar con el impacto negativo al medio ambiente.
La empresa, que ha cambiado de dueño a lo largo de esos años y que y que ha causado daños en la flora y fauna de la entidad, recibió cinco sellos oficiales de clausura. Estos se implantaron en partes eléctricas y mecánicas del equipo de producción para garantizar la permanencia de la medida de seguridad referente a la suspensión.
Según la Dipris, la clausura se logró por órdenes directas del Poder Ejecutivo estatal. El organismo detalló que no se garantiza la protección y preservación del Parque Nacional Cañón del Sumidero y sus alrededores, incluyendo que el plazo para que Calles y Morteros Grijalva se reubique concluyó el pasado 31 de octubre.
Entre los daños de la empresa, destaca que alrededor de 40 hectáreas de la zona natural protegida han sufrido afectaciones por un cráter con profundidad de al menos 30 metros, consecuencia de la extracción de material.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a organismos como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al mismo gobierno que encabezó en su momento Manuel Velasco Coello frenar la producción de esta planta.
La CNDH indicó, por su parte, que la empresa viola el derecho humano a un ambiente sano, y afecta directamente a pobladores de la Ribera Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo. Los locatarios de esta entidad denunciaron en reiteradas ocasiones los severos daños que la empresa ocasionó a las afectaciones a la flora, fauna y a cientos de vecinos, sobre todo niños, quienes presentaban problemas de salud.
La directora de la Dipris, Margarita Aguilar, detalló que desde el 7 de junio del presente año se emitió una orden de verificación sanitaria dirigida a ese establecimiento.
Tras la verificación, se dio la orden de clausuras las instalaciones por las razones ya mencionadas.
