Redacción
Tras una larga discusión y pese a las críticas y sin darle una oportunidad a la comunidad educativa y civil de discutirla, se aprobó en fast track la nueva de Ley de Educación propuesta por Miguel Barbosa Huerta.
La nueva ley que le da a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la capacidad para fiscalizar a las instituciones de educación superior y regular colegiaturas en escuelas privadas fue aprobada en lo general con 32 votos a favor, 8 sufragios en contra y una abstención.
Como era de esperarse todos los diputados de Morena, Encuentro Social, Partido del Trabajo a excepción de José Juan Espinosa Torres, además de PRD y PVEM, avalaron el dictamen, sumando 32 votos con lo cual se le daba luz verde al proyecto.
En tanto los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia, Oswaldo Jiménez López, Nancy Jiménez Morales y Raúl Espinosa Martínez y los priistas Josefina García Hernández, Javier Casique Zárate y Rocío García Olmedo, votaron en contra, además de exigir que el dictamen regresara a la Comisión de Educación, tras advertir que no se tomó en cuenta a la opinión de la comunidad educativa.
Espinosa Torres fue el único que votó en abstención y aseguró que la reforma es una “venganza” del gobernador contra los rectores y estudiantes que durante marzo salieron a reclamar seguridad.
Y es que la nueva ley tuvo un año para ser armonizada, no obstante, se dejó para el final, ignorando los llamados de la comunidad estudiantil que exigía se discutiera, pues algunos artículos además de imprecisos eran excesivos.
Sin embargo, los reclamos de los legisladores fueron ignorados y minimizados, como lo hizo el diputado Gabriel Biestro Medinilla, quien además de negar que el Congreso sea ahora la Oficialía de Partes del gobernador, aseguró que la Ley ya había sido consensuada con el Consorcio Universitario, pese a que el organismo este jueves llamó a los legisladores a discutirla.
Con ello se le da al gobierno del estado a través de SEP y el órgano autónomo de la ASE de imponer multas a instituciones por condicionar servicios, retener documentos, no contar con las autorizaciones correspondientes, expedir certificados irregulares, distribuir o comercializar alimentos chatarra, e incluso podrá regular las colegiaturas.
Sin embargo, también faculta a la ASE para fiscalizar a las instituciones de educación superior que reciban recursos públicos, incluso a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución con la que desde su llegada el gobernador Miguel Barbosa ha estado en conflicto e insistido en que la ASE la audite pese a que las revisiones le corresponden a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
