Diferentes colectivos han manifestado su profunda inconformidad con la decisión de la jueza de control de Puebla, Alejandra Román Pérez, de liberar y modificar las medidas cautelares de Ricardo “N”, el primer detenido por violencia vicaria en Puebla y en Latinoamérica.

En un comunicado las organizaciones denunciaron que la jueza determinó cambiar la prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, a pesar de haber reconocido en la audiencia un riesgo real de sustracción del imputado. Ricardo “N” es acusado de haber separado a su hijo de su madre, Andrea Lezama Bonilla, durante seis años desde 2016.

Las colectivas señalan que la justificación de la jueza fue contradictoria y preocupante. Inicialmente, la jueza habría argumentado que no existía riesgo alguno para las víctimas para conceder el arraigo domiciliario, pero al emitir su resolución final, admitió que sí lo había.

También denunciaron que la decisión se tomó sin realizar una evaluación de riesgo reciente ni dar certeza de seguridad a las víctimas, permitiendo que el imputado viviera en el domicilio de sus padres, a quienes las colectivas acusan de haber ocultado el paradero del menor cuando fue sustraído.

Como medida de vigilancia, la jueza impuso que Ricardo “N” fuera custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, argumentando que el acusado no tiene recursos económicos para adquirir una pulsera electrónica.

Los colectivos firmantes, entre ellos Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria, Cam-Cai y Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia, criticaron duramente este criterio, acusando que la juzgadora “priorizó los derechos del imputado por encima del derecho a la seguridad e integridad de las víctimas: una madre y su hijo menor de edad”.

Las organizaciones consideran que esta resolución judicial representa un grave retroceso para Puebla, estado que se había posicionado como referente en el reconocimiento de la violencia vicaria.

Al mismo tiempo advirtieron que la decisión refleja una “falta grave de sensibilidad, preparación y perspectiva de infancias y género”. Por ello, exigieron al Poder Judicial de Puebla “asuma su responsabilidad frente a las víctimas y garantice medidas reales y efectivas de protección”, ya que existe un temor fundado por la integridad y seguridad del menor y de su madre.