Después de que la ONU determinara que el Estado Mexicano violó las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, la CNDH advirtió que la Recomendación 16/2009, tuvo un cumplimiento “insatisfactorio” por el exgobernador Mario Marín Torres.
En un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aplaudió la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la cual ordena la reparación integral del daño y reabrir la investigación de manera imparcial, pronta y exhaustiva, además de que se deberá procesar, juzgar y castigar a los responsables con penas adecuadas y ofrecer una compensación a la víctima.
Sin embargo, de acuerdo con la CNDH, a la fecha, las autoridades han sido omisas y tardadas al proceso penal en contra de los responsables de la detención de Lydia Cacho.
En 2009, el organismo en un organismo de más de 30 páginas emitió las recomendaciones pertinentes a los gobiernos de Quinta Roo y Puebla por la detención ilegal y tortura que sufrió la reportera.
Sin embargo, las administraciones ignoraron las recomendaciones por lo cual se calificaron como un “insatisfactorio cumplimiento en su atención”.
A casi 10 años de distancia, la CNDH celebró la determinación histórica al tiempo que señaló que la resolución se convierte en un precedente sobre los distintos derechos y establece criterios claros sobre la no utilización del derecho penal para castigar a defensores y periodistas por hacer uso de la libertad de expresión.
Asimismo señaló que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para evitar violaciones semejantes en el futuro contra defensores y periodistas, incluida la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
Dichos tipos penales aún existen en Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
