Ricardo Velázquez Cruz, consejero jurídico del Gobierno de Puebla, confirmó que se están investigando las 33 notarías que entregaron antes de irse los gobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, e incluso podrían fincar responsabilidades penales.
En rueda de prensa el funcionario dejó en claro que las 29 patentes entregadas por Moreno Valle carecen de legalidad ya que no hubo un decreto firmado por el gobernador que justificara el nombramiento de nuevos fedatarios.
En ese sentido recordó que por ley por cada cierta cantidad de pobladores debe haber un determinado número de notarios, sin embargo Puebla excede en el número de fedatarios.
Por ende, todas las actuaciones de quienes se ostentaron como notarios son “inexistentes e ilegales”.
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En el mismo espacio tampoco descartó que se finquen responsabilidades penales contra exfuncionarios como Diódoro Carrasco Altamirano, exsecretario General de Gobierno con Moreno Valle y Gali Fayad, al advertir que habrían incurrido en delitos como uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.
Respecto a las notarías entregadas por Gali Fayad, el consejero refirió que también serán investigadas sin embargo están priorizando el orden cronológico.
En ese sentido hay que recordar que el expresidente municipal entregó cuatro notarías más a cercanos suyos y de Moreno Valle.
Ese fue el caso de Fernando Rosales Solís, entonces titular de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), quien recibió la notaría 11 de Cholula, mientras que Rodolfo Sánchez Corro, titular de la Contraloría en el gobierno de Gali Fayad, obtuvo la notaría 6 de Atlixco.
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Gustavo Huerta Yedra, subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública recibió la 12 de Cholula, mientras que Iván Jiménez Flores, hijo del notario Geudiel Jiménez Covarrubias, recibió la 4 de Huejotzingo.
