Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía de Chihuahua suspender “toda investigación imputación penal” contra Enrique Peña Nieto por la acusación del desvío de 270 millones de pesos al PRI durante el gobierno de César Duarte.

La pausa es porque ni la FGE, ni la SCJN han logrado determinar si una fiscalía estatal puede o no procesar a un presidente en funciones.

La suspensión fue presentada por el ministro Eduardo Medina Mora, y respondió a una acción de inconstitucionalidad entregada por la Presidencia la semana pasada. La duda sobre las responsabilidades y jurisdicciones, al parecer, fue suficiente para frenar la investigación, pues de acuerdo al ministro Medina Mora, de continuarse con la investigación.

“Podría generar una situación grave de impunidad generalizada, derivado de que no existe certeza sobre cuáles son los fiscales y jueces competentes para investigar y procesar a los funcionarios federales involucrados“, indicó el magistrado.

De acuerdo al diario Reforma, el acuerdo de la SCJN deja claro que la suspensión no está juzgando ninguna otra cosa que no sea las funciones y el alcance de la fiscalía local respecto al caso.

“La suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso”.

Ahora, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el gobierno de Chihuahua y su Fiscalía General tienen 30 días para resolver las dudas de la Suprema Corte.

Ello pese a que, a través de un comunicado, la SCJN aseguró que no tiene conocimiento de las identidades de los funcionarios federales que son investigados.