Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exhortaron a la PGR ampliar las investigaciones contra el ex-gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por los presuntos idelitos de “lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita”.
En un punto de acuerdo presentado este miércoles, los priistas exigieron la ampliación de las investigaciones contra el panista, al tiempo que exigieron se investigue a Juan Melquiades Vergara Fernández, ex-tesorero de Quintana Roo, quien fue detenido el pasado viernes 2 de febrero por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), en el Estado de México, tras ser acusado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria los senadores no descartan la posibilidad de que Moreno Valle “utilizó las empresas del Melquiades Vergara para financiar campañas políticas, refinanciar deudas estatales y pagar favores políticos”.
Cabe mencionar que Vergara Fernández es dueño de “México Travel Channel”, empresa dedicada a la promoción de atractivos turísticos y la ha estado vinculada con el manejo de presupuestos públicos “pocos transparentes y de manera irregular”, pues ha obtenido contratos millonarios con los gobiernos de Baja California, Quintana Roo y Puebla, de los cuales se desconoce los montos, pagos ejercidos y la comprobación de gastos de dichas campañas publicitarias.
Advierrten que la empresa “fue una de las compañías que más contratos recibió durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, particularmente para supuestamente difundir las atracciones turísticas de la entidad como las cascadas, el valle de las rocas, el mirador de cristal y el museo de relojes y autómatas “Alberto Olvera Hernández” en Zacatlán de las Manzanas”.
Asimismo, advirtieron que tan solo en 2015, el empresario recibió más de 50 millones 689 mil 970 pesos del gobierno estatal para “promoción turística”.
Varios involucrados
Los legisladores indicaron que “se ha advertido de la operación de un conjunto de servidores públicos que trabajan a través de una red de por lo menos 17 empresas fantasmas, las cuales emiten facturas apócrifas y realizan transacciones para hacer de esos movimientos financieros libres de gastos de deducibles”.
Asimismo, advierten que a fortuna personal del propietario ha aumentado rápidamente incluyendo “una flotilla de aviones, yates, terrenos, casas y edificios, los cuales se han adquirido a través de los trabajos de esta empresa con gobiernos panistas”.
Por ello, urgieron que se amplíen las investigaciones para identificar, sancionar y prevenir trasgresiones a las arcas públicas y desvíos de recursos que debieron ser utilizados en beneficio de la sociedad.
Finalmente pidieron a la PGR que “se sancione conforme a derecho estos actos que contravienen nuestro marco jurídico e institucional, pero principalmente, que se investigue con trasparencia, objetividad y hasta sus últimas consecuencias estos ilícitos”.
