Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, fue liberado este miércoles tras permanecer casi seis años en prisión, acusado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de su sucesor Arturo Núñez Jiménez de defraudación fiscal y peculado.
El 12 de junio de 2013, el exgobernador fue detenido en la Ciudad de México, tras ser citado a comparecer en la Procuraduría General de la República (PGR) y, un mes después, trasladado al Reclusorio de Tepepan, donde permaneció hasta el 17 de enero de 2019, cuando un juez con base en su edad de 70 años le dictó prisión domiciliaria.
Granier Melo enfrentaba una sentencia por peculado respecto al expediente 157/2013 con pena corporal de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, no obstante el químico de profesión, desde el 18 de enero pasado se encontraba en prisión domiciliaria en su casa de la Ciudad de México, tras obtener ese beneficio.
Así, la sentencia por el caso que estaba pendiente, después de que le fuera concedida la prisión domiciliaria hace cinco meses, fue absolutoria.
Poco antes, un juez federal había exculpado al ex gobernador de una acusación por defraudación fiscal equiparada calificada por un monto de 2 millones 156 mil 489 pesos, al no encontrar pruebas suficientes para poderlo mantener procesado por este delito.
Libres todos
Con la declaratoria de inocencia de Granier, la mayoría de los exfuncionarios de la administración 2006-2012 acusados por el gobierno de Arturo Núñez de un daño patrimonial al erario por más de 20 mil millones de pesos, ya están en libertad.
Uno de ellos es José Manuel Sáiz Pineda, exsecretario de Finanzas, quien quedó en libertad el pasado 18 de enero, al abandonar el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset), donde permaneció recluido desde el 9 de junio de 2013, acusado por peculado.
Otro de ellos es Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador, recluido en el Creset el 3 de diciembre de 2018, por incumplir disposiciones de una fianza que cubrió para salir en libertad en abril de 2016, cuando estuvo detenido 12 días, acusado del delito de defraudación fiscal.
Mientras, la nueva gestión del morenista Adrián Agusto López Hernández ha encontrado irregularidades administrativas cometidas en el sexenio del perredista Núñez Jiménez, quien, según el gobernador, ejerció 6 mil 500 millones de pesos fuera del presupuesto.
