Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 21 años de prisión contra Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, petición que fue calificada como una “verdadera saña” porque es inequitativa, dijo el abogado Epigmenio Mendieta.

En entrevista con MILENIO, indicó que ha habido delitos más graves cometidos por otras personas, donde la FGR no pide ese tipo de pena por lo que señaló que la solicitud de la institución es “una clara intención de mantenerla de por vida (en la cárcel) a una que consideran enemiga política”.

Yo creo que con la saña que se conduce la fiscalía no hay algo de jurídico. Si en su caso, si es que se le llegara a señalar como responsable, la pena que le corresponde son dos años que es la mínima.

El defensor de Robles explicó que la penalidad, por el delito que se le imputa, está prevista de dos a siete años, pero el Ministerio Público Federal está pidiendo la pena máxima.

El abogado recordó que en la audiencia inicial, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna reclasificó el delito “para que tuviera dos sanciones de esta misma proporción, pero además también le puso una agravante, y la agravante es la del delito continuado, es la que establece el artículo 64 último párrafo que se podría imponer hasta una mitad de la pena prevista”.

Respecto a la reparación del daño que está exigiendo la FGR, el abogado comentó que hasta que tenga acceso al documento podrá saber el pago que demanda la dependencia por la reparación del daño. “Y la reparación del daño va a venir en el sentido de que no se condena a la reparación del daño por ser un delito de resultado formal”, confió.

Epigmenio Mendieta agregó que aún no ha sido notificado por la autoridad de la penalidad que están solicitando, pero apenas tenga el documento hablará con Rosario Robles.

El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Actualmente, tiene en curso un juicio de amparo, con el cual busca que se ordene modificar la medida cautelar de prisión preventiva para poder enfrentar su proceso en libertad.