Con la reapertura de las cuentas públicas de Jorge Aguilar Chedraui, exsecretario de Salud y Patricia Vázquez del Mercado, extitular de la SEP, el Congreso de Puebla dominado por Morena, buscará “ventilar” los casos de corrupción que hubo durante la gestión de Rafael Moreno Valle.
Confirmó Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno de la LX Legislatura, quien aseveró que hay indicios que desde la Secretaria de Salud se realizó un desfalco de mil millones de pesos, con la construcción de los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).
Entrevistado desde el Congreso del Estado, el exlíder local de Morena agregó que también se reabrirán las cuentas de la Secretaria de Educación Pública (SEP), cuando estuvo al frente Patricia Vázquez del Mercado e Ignacio Alvízar Linares.
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Sobre si las acciones que se aprobaron en la Comisión Inspectora representan el inicio de una posible persecución, tal y como ocurrió cuando Moreno Valle llegó al poder y desde el Congreso se aprobaron iniciar investigaciones contra varios secretarios, Biestro Medinilla lo negó.
Por el contrario, aseguró que la reapertura es un acto de justicia por el “saqueo” que hubo de las arcas públicas de 2011 a 2018.
“Todo eso se va a revisar. Lo que se tenga que abrir se va a abrir. No se trata de cosa juzgada porque es tema administrativo. No es una cuestión de una venganza”.
Es “chantaje”
Como era de esperarse la bancada panista desaprobó la acción, y en voz de su coordinadora de bancada, Mónica Rodríguez Della Vecchia, acusaron que se trata de un “chantaje” y un acto de venganza por haberlos derrotado en la capital en el pasado proceso electoral del 2 de junio.
“Nosotros estamos a favor de la revisión de las cuentas conforme a la ley, pero no estamos de acuerdo de que sea un chantaje político, ni una persecución política, si hay pruebas que se presenten y se siga el curso como se tiene que seguir, mientras no haya pruebas, ni se inicie un procedimiento, nosotros creemos que es un chantaje y una persecución política”.
Incluso recordó que sus estados financieros fueron aprobados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que claramente se trata de una venganza por el 2 a 1 y 3 a 1 que Enrique Cárdenas Sánchez propinó a Miguel Barbosa Huerta, gobernador electo, en los distritos que conforman la capital y zona conurbada de Puebla.
