Un tribunal federal colegiado con sede en Tamaulipas, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia.
Lo anterior, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Con el fallo se desacreditan la verdad histórica presentada por la PGR y respaldada por gobierno federal, la cual aseguró que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan.
Tras darse a conocer el fallo la PGR respondió de manera inmediata:
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”, indicó en un comunicado.
El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal ante cuatro amparos tramitados por varios de los detenidos como presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes han denunciado haber sido víctimas de tortura.
Sobre las denuncias de malos tratos a los presuntos responsables, los magistrados determinaron que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
A ello la PGR respondió que a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.
De igual forma insistió que las indagaciones continúan y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y también toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
