En su último año de gobierno el priista Enrique Peña Nieto otorgó 268 títulos de concesión de playas mexicanas a particulares y empresas privadas para diferentes usos, más del doble de las concesiones de las entregadas en 2017, cuando autorizaron 123 permisos.
Los permisos entregados por la administración priista les permitirán dedicarse a la extracción artesanal de piedra, a la acuacultura, a la pesca y a usos generales, además de poder gozar del usufructo de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que concentran casi tres millones de metros cuadrados.
Las licencias fueron otorgadas en Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Nayarit, entidades que desde 1992 han sido afectadas por el proceso de privatización de las playas.
El daño no sólo ha sido por entregar los espacios a privados, sino porque también ha representado el desplazamiento de pescadores, comuneros, comerciantes y familias enteras
De acuerdo con los registros extraídos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 158 particulares y 110 empresas obtuvieron títulos de concesión en 2018. 98 de esos permisos tienen un plazo a 15 años; 35 por cinco años y 134 autorizaciones más no cuentan con temporalidad.
Por si eso no fuera suficiente, información obtenida por VICe advierte que en los últimos cuatros años, el gobierno federal notificó mil 477 títulos de concesión para explotar el territorio marítimo nacional, en promedio, 369 permisos por año, es decir una concesión por día.
Quintana Roo y Nayarit
En enero de 2016, en Quintana Roo, Tajamar se convirtió en el emblema de la lucha por la protección del medio ambiente, luego de que denuncara la destrucción de un manglar para construir un proyecto inmobiliario llamado Malecón Tajamar.
Su defensa tuvo avances, pese a ello Quintana Roo fue la entidad que concentró el mayor número de concesiones otorgadas en 2018, con 56 títulos, los cuales en su mayoría se destinaron a inmobiliarias.
Nayarit aparece en segundo sitio. Ahí, en 2007, el gobierno del estado y el federal lanzaron la marca turística Riviera Nayarit. Desde entonces, a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba), empezó la concesión y venta de predios con frente de playa expropiados a ejidatarios, un proceso en el que los municipios Bahía de Banderas y Compostela resultaron claves.
Como era de esperarse los habitantes de las comunidades fueron los más afectados en el proceso, pues quienes se opusieron a los desalojos fueron víctimas de amenazas, persecución, encarcelamiento y hasta tortura de policías de la entidad.
En Culiacán, la administración de Peña Nieto concesionó 32 mil metros en Bahía de Banderas y 36 mil en Compostela a proyectos inmobiliarios.
En Baja California, donde el Centro de Innovación Ambiental ha denunciado insuficiente infraestructura para tratar las aguas negras, por lo que Playas de Rosarito y Playas de Tijuana sufren ahora de contaminación.
En el cuarto sitio aparece Sinaloa, con 26 títulos concesionados, de los cuales cinco fueron para desarrollos que en su mayor parte fueron otorgados en los municipios de Ahome, Mazatlán y Culiacán.
En su último informe, la Auditoría Superior de la Federación reveló que el cobro del uso, goce y aprovechamiento de las playas mexicanas se efectúa con desorden. Ello hizo que se perdieran por lo menos 375 millones de pesos en 2016. La Federación cobró 704 millones de pesos por el otorgamiento de 6 mil 842 permisos emitidos; es decir, por cada uno habría recibido unos 103 mil pesos. Pero esos no son todos los ingresos porque de 17 estados con costa, sólo 10 reportaron el cobro de derechos.
No hay certeza de cuánto dinero se genera por las concesiones de las playas porque los derechos se cobran de manera combinada entre federación, estados y municipios.
Aunado a ello la Semarnat tampoco tiene facultad para vigilar los cobros por concesiones, ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con información de VICE/ SinEmbargo
