La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que acatar la decisión del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa y revelar el nombre, cargo y firmas de los funcionarios que se encargaron de la adquisición del malware espía con el que se obtenía información de los celulares de activistas y periodistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Proceso, la decisión derivada de un juicio de amparo abre la posibilidad de que, por fin, se conozcan las especificaciones técnicas del equipo adquirido por el gobierno, así como la forma en que se operó.
De no existir restricciones, además de los datos de los funcionarios, también se conocerán los términos en los que se celebró el contrato, así como los estudios de mercado que implicó la adquisición del programa espía, las facturas y otros datos.
Lo anterior invalida la resolución del INAI que tras revelarse el uso de Pegasus, restringió cualquier intento revisión argumentado Seguridad Nacional.
Cabe recordar que fue The New York Times quien en sus páginas revelo cómo la administración federal espiaba a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
Pegasus no sólo podía infiltrar el teléfono, cuentas e información sino también podía utilizar el micrófono y la cámara del celular para mantener vigilado al sujeto de la investigación.
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