Un juez de control ordenó este martes la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga a Rosario Robles Berlanga, tras vincularla a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público.
Después de la audiencia de más de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito “como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio”, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La prisión preventiva deberá ejecutarse en el penal de Santa Martha Acatitla, durante los dos meses que durará la investigación complementaria.
La exfuncionaria, al borde del llanto, pidió al magistrado que tomara en cuenta su disposición de comparecer a la audiencia de vinculación del proceso que se celebró el jueves y su continuación el lunes, la cual se prolongó hasta la madrugada de este martes.
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Sin embargo el juez coincidió con el Ministerio Público, que anteriormente argumentó que sí existía riesgo de que Robles se diera a la fuga, entre otras cosas, porque la exfuncionaria podría alcanzar una pena de hasta 23 años de prisión y reparación del daño hasta por 5 mil millones de pesos, monto del quebranto que se le atribuye.
“Eso no solo compromete su patrimonio personal, sino el de su tercera, cuarta, y hasta quinta generación. No hay posibilidad de que los pueda pagar”.
Peña y Meade sabían de las anomalías
Durante la audiencia del lunes por la noche, la extitular de la Sedesol afirmó que avisó a su sucesor en la dependencia, José Antonio Meade Kuribreña, así como al entonces presidente Enrique Peña Nieto de las supuestas irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las contrataciones celebradas con diferentes entes públicos.
Sin embargo de poco sirvió que sus defensores, liderados por Julio Hernández Barros, expusieran los datos de prueba para desvirtuar la imputación formulada en contra de la exsecretaria de Estado por ejercicio indebido del servicio público, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó en dos ocasiones a recibir los documentos que prepararon.
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Tal situación retrasó por 50 minutos el proceso, porque el juez concedió ese tiempo para que los fiscales revisaran los datos aportados por la defensa y que, enfatizó el juzgador, tenían obligación de recibir.
Los abogados expusieron 32 datos de prueba de los cuales dos testimonios y una pericial no fueron admitidos por el juez. Una de esas declaraciones era la de María Eugenia Romero Martínez, exsecretaria particular de Robles, con la que buscaba demostrar que informó al expresidente de la República de las diversas anomalías observadas por la ASF.
Mientras la FGR sustentó su acusación en testimonios de dos excolaboradores de Robles en Sedesol y Sedatu, los que afirmaron haber informado a la exsecretaria de las conductas irregulares por parte de diversos funcionarios en la firma de los contratos con entes públicos.
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Al respecto, la defensa exhibió oficios en los que requirió a la Unidad de Asuntos Jurídicos y al oficial Mayor de Sedesol y Sedatu que dieran seguimiento a las denuncias recibidas por los exfuncionarios.
Cabe recordar que la FGR imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos derivados de los desvíos supuestamente “permitidos” por ella, al tiempo que afirmaron que tampoco informó al expresidente Enrique Peña Nieto de esas irregularidades.
