Por Gabriela Xelano

Después de hallar indicios de sobreprecios tanto en las obras como en operación, cifras variables en los cobros de las concesiones y otras situaciones, el gobierno de Puebla optó por rescindir y buscar nuevos concesionarios para la operación de la Red Urbana de Transporte Articulada (RUTA).

Confirmó Teresa Castro Corro, secretaria de Finanzas del estado de Puebla, al advertir que bajo las condiciones en las que se aprobó el proyecto lo hace incosteable para las finanzas públicas, pues cumplir con lo pagos obligaría a que el estado se endeude.

En cada avance de construcción de cada línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), se fue mejorando la fórmula para defraudar.

En tanto, Rodolfo Chávez, director general Sistema Estatal Carreteras, destacó que el proyecto que inició con Rafael Moreno Valle y continúo Antonio Gali Fayad representó un negocio en beneficio de los concesionarios, quienes recibirían hasta 234 mil millones de pesos a través de subsidios en un plazo de 28 años.

Agregó que el rescate del servicio en un escenario “menos malo” requeriría de 12 mil millones de pesos, mientras que en uno segundo que contemple una inflación de 3.5 por ciento, asciende a 28 mil millones de pesos, y en el peor –con un factor de ponderación en un 10 por ciento de inflación–, llega a los 234 mil mdp.

Por tal situación, Fernando Pérez Campillo, asesor jurídico en este caso, confirmó que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta optó por iniciar con la rescisión de la concesión a las empresas encargadas del cobro y publicidad en RUTA.

La conclusión es que RUTA constituye un modelo de negocio incosteable creado desde su inicio con un gran dolo, con una sobreestimación para poder crear un negocio para algunas personas en contra del erario del Estado.

Incluso destacó que se iniciarán procedimientos administrativos y penales en contra de los responsables de las obras y operación de RUTA.