Beto Fong

Para replantear el Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, envió al Congreso local una iniciativa de ley para reformar los artículos del 72 al 79 de la Constitución Política de la entidad.

La iniciativa propone eliminar el Tribunal del Trabajo Burocrático y del Tribunal Constitucional, cuyas actividades serían absorbidas y reestructuradas bajo un nuevo orden que permita celeridad en el trabajo y ahorro de recursos.

Con esta iniciativa se busca “establecer un nuevo orden jurídico en la designación de jueces y magistrados”. El decreto también buscaría sustituir los órganos jurisdiccionales en materia laboral, burocrática y de justicia constitucional.

También destaca que con la aprobación se logrará “una reforma profunda al Poder Judicial del Estado para hacer más eficiente la administración de justicia aplicando los recursos necesarios, sin derroches, para la sustentación de la infraestructura física y humana necesaria, que a diferencia de tiempos pasados no se utilice para mantener un aparato burocrático sin la preparación y sin ánimo de servir en una materia tan delicada como la administración de justicia, pilar para mantener el orden, el desarrollo y la paz social”.

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La reforma busca que los juzgados laborales se aboquen para resolver las diferencias o los conflictos entre trabajadores y asalariados que no sean competencia del Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación.

Con la desaparición del Tribunal Burocrático sus actividades serán absorbidas por un juzgado especializado y competente para resolver las controversias que surjan de las relaciones jurídicas del trabajo burocrático establecidas entre los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, de los Municipios y de las entidades públicas estatales y los trabajadores de base y de confianza a su servicio.

La iniciativa también busca que las plazas laborales sean ocupadas por “verdaderos operadores del derecho”. Lo anterior con el objeto de que su actuación fortalezca la tarea del Poder Judicial, y “esto sólo puede lograrse con Jueces y Magistrados preparados, designados mediante un procedimiento que reconozca su trayectoria judicial y su dedicación en la administración de justicia”.